El presidente del gobierno argentino, Javier Milei, realizó modificaciones a la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), según anunció el portavoz del gobierno Manuel Adorni, quien había anticipado la decisión en una rueda de prensa.
La ley vigente, sancionada por el Congreso en 2012, permite que las personas mayores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o cirugías para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. En el caso de las personas menores, se requiere el consentimiento de sus tutores y la autorización de un juez.
El DNU 62/2025, publicado en el Boletín Oficial, modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, que garantiza el derecho al libre desarrollo personal. En su lugar, incorpora un nuevo texto que prohíbe los tratamientos para personas menores de edad. Uno de sus párrafos establece textualmente: “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo”.
En otro decreto publicado anteriormente, el 61/2025, que invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir, Milei establece nuevas reglas sobre el alojamiento de personas trans privadas de libertad. La norma prohíbe que quienes hayan realizado un cambio registral sean alojados en pabellones de mujeres si están detenidos por delitos sexuales o por ejercer violencia contra mujeres.
El DNU establece: “La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.
Si bien no existen reglas procesales exactas sobre el alojamiento de personas LGTBIQ+, y en particular de personas trans, la Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los Estados deben implementar medidas específicas para su protección en contextos de privación de libertad. Por su parte, los Principios de Yogyakarta sugieren que se consulte a la persona detenida sobre el lugar donde se sentiría más segura.
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) anunció que acudirá a la Justicia para impedir la modificación de la Ley de Identidad de Género y recurrirá a los organismos internacionales que sean necesarios. Por su parte, expertos en derecho sostienen que la Justicia y la Corte Suprema deben intervenir en el asunto.
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